Las mejores prácticas en responsabilidad social empresarial según cada país

La responsabilidad social empresarial ya no depende solo de compromisos voluntarios. En algunos países, las empresas deben informar sobre sus impactos, examinar los riesgos de sus proveedores, prevenir abusos laborales y explicar cómo gobiernan sus decisiones ambientales y sociales.

No existe una clasificación oficial que permita señalar, sin discusión, a los diez países «más avanzados». Las normas cambian, sus obligaciones varían según el tamaño de la empresa y una ley exigente no garantiza buenos resultados. La siguiente selección compara la amplitud de las políticas, sus mecanismos de vigilancia y su capacidad para influir en las prácticas empresariales.

Francia: responsabilidad sobre toda la cadena de valor

Francia destaca por su ley de 2017 sobre el deber de vigilancia. Esta exige a determinadas grandes empresas elaborar y aplicar un plan para identificar y prevenir daños graves a los derechos humanos, la salud, la seguridad y el medioambiente, tanto en sus actividades como en las de ciertos proveedores y subcontratistas.

La ley de 2019 sobre crecimiento y transformación empresarial también abrió vías para incorporar un propósito social a los estatutos y adoptar la condición de «sociedad con misión». La combinación de prevención de riesgos y definición del propósito empresarial hace de Francia una referencia, aunque la eficacia de cada plan depende de su ejecución y vigilancia.

Alemania: obligaciones de diligencia debida para grandes empresas

La ley alemana sobre diligencia debida en las cadenas de suministro entró en vigor en 2023 para empresas que alcanzaban un umbral de 3.000 trabajadores en Alemania; desde 2024, el umbral previsto por la ley se redujo a 1.000. Exige gestionar riesgos relacionados, entre otros asuntos, con el trabajo infantil, el trabajo forzoso y determinados daños ambientales vinculados a vulneraciones de derechos.

Su rasgo distintivo es que no basta con publicar una declaración de principios: las empresas afectadas deben establecer procedimientos de análisis, prevención, respuesta y reclamación. Las posibles reformas del marco europeo y nacional hacen necesario comprobar qué obligaciones están vigentes en cada momento.

Noruega: transparencia que puede exigir cualquier persona

La ley noruega de transparencia, en vigor desde el año 2022, exige a las entidades sujetas a su normativa que examinen los riesgos asociados a los derechos humanos y al bienestar laboral dentro de sus procesos productivos y redes de abastecimiento. Asimismo, estas organizaciones se encuentran obligadas a divulgar los resultados de dichos análisis.

Una característica especialmente relevante es el derecho del público a solicitar información sobre cómo una empresa aborda esos riesgos. Así, organizaciones sociales, consumidores y periodistas pueden formular preguntas concretas, más allá de leer informes generales. Noruega también ha utilizado criterios de inversión responsable en la gestión de su fondo soberano, aunque esos criterios no sustituyen las obligaciones propias de las empresas.

Dinamarca: información empresarial y objetivos climáticos

Dinamarca se convirtió en pionera al obligar a ciertas grandes corporaciones a detallar sus iniciativas de responsabilidad social, sus logros y, si era pertinente, la carencia de dichas directrices. Dicho recorrido propició que los temas ecológicos y sociales se integraran en la administración habitual y en la obligación de rendir cuentas.

Su ley climática fija además una reducción nacional de emisiones del 70 % para 2030 respecto de 1990. Esa meta no es, por sí sola, una obligación idéntica para cada compañía, pero orienta la regulación y las decisiones de inversión. Como integrante de la Unión Europea, Dinamarca participa asimismo en el marco europeo de información empresarial sobre sostenibilidad.

Suecia: sostenibilidad integrada en la gestión

Suecia combina exigencias de información no financiera con una larga atención pública a las condiciones de trabajo, la igualdad y el medioambiente. Las empresas comprendidas en sus normas de divulgación deben explicar sus políticas y riesgos relevantes, en lugar de limitarse a presentar iniciativas benéficas aisladas.

El objetivo nacional de alcanzar emisiones netas nulas en 2045 y el uso de criterios de sostenibilidad en empresas estatales y contratación pública refuerzan esa orientación. Conviene distinguir, no obstante, entre una meta climática del país y los resultados verificables de una empresa concreta.

Finlandia: coherencia entre clima, gobernanza e información

Finlandia se ha fijado la meta nacional de alcanzar la neutralidad climática para el año 2035. Su estrategia corporativa también se fundamenta en las normativas europeas de información y en una mentalidad institucional que promueve la rendición de cuentas y el control.

Su fortaleza reside en conectar planificación pública y decisiones privadas: las empresas deben prepararse para explicar cómo identifican sus impactos y riesgos materiales cuando les resultan aplicables las obligaciones de información. El principal desafío es convertir los objetivos y los informes en reducciones comprobables de emisiones y mejoras sociales.

Países Bajos: valor a largo plazo y control de la gobernanza

El modelo de los Países Bajos otorga una relevancia primordial a la generación de valor sostenible a lo largo del tiempo. Las directrices de su código de buen gobierno exigen a las compañías sujetas a esta normativa que evalúen de qué manera sus determinaciones impactan en la continuidad de la corporación y de su ecosistema próximo.

También existen reglas para mejorar el equilibrio de género en los órganos de dirección de determinadas compañías. Junto con las obligaciones europeas aplicables, estas medidas fomentan que los asuntos sociales y ambientales lleguen al consejo de administración. Su límite es claro: una buena estructura de gobierno no demuestra, por sí misma, que se hayan evitado daños en la cadena de suministro.

España: información no financiera, igualdad y contratación pública

La normativa española promulgada en 2018 sobre datos no financieros intensificó el deber de ciertas compañías de rendir cuentas en materia medioambiental, social, laboral, de derechos humanos y de prevención de la corrupción. Los requisitos varían según parámetros jurídicos de dimensiones y otros factores, por lo que no impactan por igual a todas las corporaciones.

España cuenta además con planes de igualdad obligatorios para empresas que alcanzan el umbral legal, medidas de protección de quienes comunican infracciones y normas que permiten integrar criterios sociales y ambientales en la contratación pública. Por ejemplo, una licitación puede valorar medidas vinculadas al objeto del contrato, siempre que respete las reglas de competencia y proporcionalidad.

Reino Unido: transparencia sobre esclavitud moderna y riesgos climáticos

La legislación británica sobre esclavitud moderna promulgada en 2015 obliga a ciertas entidades a difundir anualmente un informe acerca de las acciones emprendidas para combatir la esclavitud y el tráfico de personas dentro de sus operaciones y cadenas de valor. Asimismo, el territorio nacional ha implementado exigencias de transparencia climática para determinadas categorías de corporaciones.

Su experiencia ilustra tanto el valor como el límite de la transparencia: publicar una declaración permite examinar los compromisos de una compañía, pero no prueba que haya identificado todos los abusos ni que los haya corregido. La calidad de los controles y de las medidas posteriores resulta decisiva.

Canadá: atención creciente al trabajo forzoso e infantil

Desde el año 2024, la normativa federal de Canadá obliga a ciertas compañías y organismos públicos a presentar un informe anual acerca de las acciones implementadas para disminuir el peligro de empleo forzoso y mano de obra infantil dentro de sus cadenas de valor. Asimismo, el país norteamericano contempla mandatos federales sobre igualdad salarial aplicables a los ámbitos regulados por su legislación.

Su inclusión responde al alcance de estas políticas y a su potencial para mejorar la vigilancia de proveedores. No obstante, la obligación de informar sobre un riesgo no equivale, por sí misma, a una obligación general de eliminarlo en toda la cadena: esa diferencia es importante al comparar países.

Instrumento principal de cada nación y el sello que lo define

¿Qué convierte una política en verdaderamente avanzada?

Más allá de la posición de cada país, las políticas más sólidas suelen reunir varios elementos:

• Prevención: identificar riesgos antes de que se produzca un daño.
• Responsabilidad en la cadena de suministro: examinar también las relaciones comerciales, no solo las instalaciones propias.
• Información útil: publicar riesgos, medidas y resultados con suficiente detalle para permitir su evaluación.
• Vías de reclamación: facilitar que las personas afectadas comuniquen problemas y obtengan respuesta.
• Supervisión: comprobar el cumplimiento y corregir prácticas deficientes.

Diez naciones diferentes evidencian diversos senderos hacia una corporación más consciente: unas se centran en la debida diligencia, mientras que otras apuestan por la apertura, la paridad o el buen gobierno. El examen definitivo no radica en el volumen de promesas proclamadas, sino en la capacidad de los reglamentos para identificar perjuicios, atender las demandas de los afectados y generar avances contrastables.