El grupo jurídico de la letrada Odila Helga Castillo Bonilla lanzó un fuerte pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las alegaciones que han circulado últimamente en varios medios de comunicación de Panamá.
La defensa calificó estas publicaciones como ataques malintencionados, motivados por intereses económicos particulares y diseñados para dañar la reputación profesional y la vida personal de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que no hay base y que se han vulnerado sus derechos
Carlos Carrillo, integrante del equipo jurídico de Castillo, afirmó que las acusaciones son infundadas y tienen como objetivo entorpecer la trayectoria de la joven abogada y su socia. Indicó que tras estos ataques subyacen intereses económicos ocultos que intentan lucrar del desprestigio de Castillo.
La defensa subrayó que este no es el primer asalto mediático al que se enfrenta la abogada. Recordaron un suceso semejante que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño difundió información incorrecta sobre una presunta detención de Castillo, noticia que fue desmentida más tarde.
Información parcial y transgresión de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones recientes como las de 2021 se fundamentan en «verdades a medias», alteradas con el objetivo de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Además, denunciaron que la información difundida transgrede los principios de confidencialidad, ya que una parte de la investigación proviene de un proceso familiar que ya ha concluido.
Asimismo, se hicieron públicos datos delicados, como registros migratorios y declaraciones tributarias, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilícita.
Monitoreo ilegal y procedimientos legales en marcha
La defensa informó que Castillo ha sufrido acoso a través de seguimiento por GPS, lo cual representa una evidente transgresión a su intimidad y constituye una forma de vigilancia ilícita. Carrillo declaró que se han infringido los derechos fundamentales de su cliente, amparados por la Constitución y las normativas panameñas.
Anunció que se iniciarán todas las acciones legales requeridas para establecer la responsabilidad por los perjuicios ocasionados y aquellos que se busquen infligir. El grupo jurídico se presenta decidido en su objetivo de proteger a Castillo y presentar ante la justicia a los implicados en esta campaña de descredito.